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Los Derechos Humanos en los Juicios Orales
Colaboración Lic. Victor Armas

Por: Lic. Victor Armas


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30 de abril de 2012
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Los Derechos Humanos en los Juicios Orales

 

 

  La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de junio de 2008 sentó las bases para el establecimiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio; es importante señalar que en el ámbito procesal las etapas que comprenden la estructura general del proceso son las siguientes: Etapa de investigación, etapa intermedia o de preparación del juicio, etapa de juicio oral y etapa de impugnación o recursos. Es menester destacar que se les ha denominado juicios orales a todas las etapas del proceso penal.

La principal característica del modelo acusatorio es la separación de funciones, es decir que la función de acusar y juzgar quedan separadas entre sí y es responsabilidad de distintas instituciones, además de que es oral y se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El nuevo sistema tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que no exista impunidad respecto a la culpabilidad y de manera relevante que los daños generados por el delito se reparen.

El sistema acusatorio ha tenido un nuevo ingrediente para concretar la aspiración del constituyente, el cual plasmó en la reforma de 2008 un sistema garantista que le permitiera a la sociedad contar con las herramientas judiciales para castigar el delito ante la creciente inseguridad y elevados índices de violencia que aún continúan en nuestro País.

El 10 de junio del 2011 se publicó la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, la cual entró en vigor al día siguiente y en la que se da un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona, la cual llevo a que México se situara a la par de los países que enfocan su atención y esfuerzo en la protección y defensa de los Derechos Humanos a través de mecanismos de vanguardia.

La reforma imprime un avance significativo y relevante en el reconocimiento y garantía de los Derechos Fundamentales, permitiendo la obligación de armonizar nuestra legislación para lograr el alcance a través de diversas pautas que han fijado en el concierto internacional en la materia los Tribunales Trasnacionales de Derechos Humanos.

Es importante poner en relieve las modificaciones y adiciones al Artículo 1º de la Constitución General de la República, puesto que a partir del 11 de junio de 2011 versa sobre Derechos Humanos y la forma de hacerlos exigibles, suprimiendo el añejo termino de "garantías individuales", vestigio del constitucionalismo francés post revolucionario, y prevé que todas las personas gozan de los Derechos Humanos que reconoce en dicha Norma Fundamental, así como en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

La adecuación es trascendental, pues con ella se genera un bloque de derechos, que se integra bien a los establecidos en el propio cuerpo constitucional, pero además participan los Derechos Fundamentales contenidos en los Tratados Internacionales en los que México es parte, lo cual no significa que verse en Tratados en materia de Derechos Humanos, sino que atiende a la naturaleza y fines de cada disposición, con independencia de que el instrumento internacional pueda ser en materia de Derechos Humanos o bien sobre temas comerciales o de otra índole. 

Por otra parte, dicho bloque de derechos escapa a la tradicional concepción de la jerarquía normativa, pues los derechos que lo integran no ocupan en sí un peldaño fijo, sino que fluctúa en atención a lo que resulte más favorable a la persona en aras de la mayor protección, es decir, una interpretación pro personae.

Es de la mayor relevancia señalar que el párrafo tercero del Artículo 1º obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además determina el compromiso del Estado Mexicano a prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos.

Esta importante subrayar que en consideración de las reformas constitucionales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar el cumplimiento de la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano, emitió pronunciamientos de un impacto substancial en el sistema jurídico: El rompimiento del tradicional concepto del control concentrado de la Constitución y consolidación en el sistema jurídico mexicano del término de reciente cuño "Control de la Convencionalidad"; y la aplicación y el carácter de los precedentes emitidos por órganos internacionales en la tutela de Derechos Humanos.

Ahora bien para los operadores del nuevo sistema de justicia penal resulta obligatorio conocer y preservar los Derechos Fundamentales de las víctimas y de los inculpados, incluso vigilar que no se violenten en las etapas procesales, para el juzgador, el fiscal y la defensa es obligado atender la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención de Viena, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; entre una larga de instrumentos internacionales, pero la principal obligación es para conocer y preservar los derechos plasmados en nuestra Carta Magna.

A 38 años de la desaparición de Radilla Pacheco y después de 150 años del paradigma tradicional de Derechos Humanos, hoy tenemos la oportunidad histórica de lograr una máxima eficacia y efectividad en la tutela de ellos, tenemos el marco de un Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho, hagamos que sean realidad los Derechos Fundamentales de todas las personas por el simple hecho de serlo.

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