Por: Luis Gerardo Romo Fonseca
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25 de mayo de 2012
La importancia de escuchar a la sociedad y de preservar los derechos adquiridos
Luis Gerardo Romo Fonseca
En nuestro país hemos transitado de un régimen monolítico, cerrado y autoritario en el cual, la acción pública se realizaba en el marco de una administración vertical, marcada por el centralismo en la toma de decisiones y sometida a las jerarquías; a una concepción mucho más abierta, flexible, descentralizada de la gestión pública, bajo una constante interacción con el conjunto de actores sociales y donde los ciudadanos juegan un rol activo y protagónico en la supervisión del ejercicio gubernamental y en el diseño de las políticas públicas.
En el pasado, las organizaciones del sector público, en buena medida, eran ajenas a la sociedad y su vinculación con ésta era muy limitada por reglas restrictivas del sistema político posrevolucionario y, realmente, no existían nexos orgánicos directos con la sociedad civil. Esa concepción del Estado, llevaba en su propia naturaleza la idea de verticalidad, ya que el sistema presidencialista no consideraba necesaria ni apropiada la participación directa de la ciudadanía en las decisiones; el pueblo sólo era importante durante los periodos electorales, cuando se requerían muestras de adhesión para darles un barniz de legitimidad y así materializar aquellos rituales de ficción democrática.
Afortunadamente, gracias al empuje de miles de mexicanas y mexicanos que con mucho sacrificio, a lo largo de décadas han luchado por la reivindicación de los derechos ciudadanos, en México logramos dejar atrás el autoritarismo y conseguimos avances democráticos sustanciales; en particular, mediante la elaboración de importantes reformas institucionales que dieron cause a la participación ciudadana. Las primeras de ellas, fueron las referentes a la creación de instituciones electorales imparciales y de los organismos defensores de los Derechos Humanos, acompañadas luego de la instrumentación de los primeros Consejos de la Judicatura Federal.
Poco después, esta evolución cívica, se orientó hacia la optimización de la administración pública y por su ejercicio transparente, mediante el impulso de los procesos de participación ciudadana y con la creación de mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas; así nacieron las Comisiones de Acceso a la Información Pública y los Órganos de Fiscalización Superior, como instituciones garantes de la vida democrática del país.
Es evidente que la creación de instituciones encaminadas a impulsar la democratización del Estado no ha sido un proceso fácil, ni está concluido todavía; su permanencia es una lucha constante. De la importancia de defender los logros adquiridos y apuntalarlos, al igual que los canales de participación ciudadana, como una condición para dotar de legitimidad y credibilidad al ejercicio de gobierno.
En este sentido, los Planes y Programas de Desarrollo gubernamentales al ser elaborados, deben recoger plenamente las aspiraciones y demandas de la sociedad. Debido a ello, la PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA es una herramienta de participación ciudadana de primer orden para preservar y perfeccionar un régimen abierto, plural e incluyente, mediante el impulso de la participación activa del pueblo en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno, con el fin de mejorar sus condiciones de vida.
Por nuestra parte, en Zacatecas, ahora mismo estamos pasando por una álgida discusión a partir de la Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, entregada al Poder Legislativo el pasado 15 de mayo por parte del Ejecutivo Estatal, la cual plantea una amplia reestructuración de la administración pública en el estado. De entrada, por supuesto compartimos plenamente la idea de mejorar y eficientar la administración para una gestión pública óptima en todos sus ámbitos. Sin embargo, una transformación de tal envergadura requiere de un análisis exhaustivo y con el concurso de todas las voces de la sociedad y, en especial, la de los sectores involucrados.
En la propuesta del Ejecutivo se plantea fusionar dependencias y crear unas nuevas como la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, a la cual se integraría el Institutopara las Mujeres Zacatecanas (INMUZA). Las organizaciones civiles y grupos defensores de los derechos de las mujeres han advertido que con esta medida, se corre el riesgo de que el ahora Instituto, en su transformación, pierda nivel jerárquico, autonomía, presupuesto, infraestructura y el peso específico de las políticas públicas dirigidas a las mujeres. También se eliminaría la Comisión Estatal para la Integración de Personas con Discapacidad (CEIPD). Cabe recordar que a lo largo de varios años, la sociedad luchó por construir una ley que salvaguarde los derechos de los ciudadanos que viven en tal condición y, en la actualidad, este instrumento legislativo es considerado de avanzada a nivel nacional. Además desaparecería también el Instituto de la Juventud Zacatecana (INJUZAC); esta decisión contrasta con la ya conocida propuesta perredista de crear la Secretaría de la Juventud; la misma suerte correría el Instituto de Desarrollo Artesanal Zacatecano (IDEAZ) con la propuesta del Ejecutivo.
A final de cuentas, tenemos que ser muy cuidadosos en garantizar los derechos humanos, los derechos ciudadanos y los derechos sociales como una cuestión primordial del Estado; inclusive, a veces es preferible (que no deseable) sacrificar cierta eficacia, con tal de salvaguardarlos. Sin embargo, me parece que en Zacatecas ahora tenemos la opción de construir conjuntamente una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, que sea de avanzada y con los consensos requeridos. Razón por la cual, las diputadas y diputados tendremos que asumir una actitud responsable y flexible, para discutir y llevar a cabo un abordaje legislativo profundo y riguroso de esta nueva ley en un marco de transparencia y con la participación de todos los sectores de la sociedad.
Si existe voluntad política de todas las diputadas y los diputados, podremos culminar este debate depurando una ley, que sea consistente, de avanzada y acorde a las necesidades actuales de Zacatecas y, que a la vez, cumpla con los estándares internacionales en materia de gestión pública. El pueblo zacatecano lo merece y lo exige.
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